Derechos Humanos, una bandera con agujeros a la izquierda

Desde que regresamos a la Democracia la cuestión de los Derechos Humanos ha ido cobrando una mayor relevancia en nuestra vida política para convertirse en una parte fundamental de la agenda de cada uno de los partidos, pero con el paso de los años la propaganda comenzó a acuñar la idea de que sus únicos defensores se encontraban dentro del Frente Amplio, consiguiendo que a la fecha sean decenas de miles de jóvenes los que lo creen cierto gracias a los interminables relatos que han propagado pero cuando hablamos de vulneraciones a los Derechos no sólo hablamos de los oscuros episodios que sucedieron durante la dictadura cívico militar sino que también hablamos de episodios de brutalidad policial, los cuales, debemos combatir a toda costa para asegurar que aquellos que deben proteger a la sociedad no atenten contra la misma.

Siendo que durante los últimos nueve meses hemos podido apreciar cómo desde distintos sectores de la izquierda se acusa al Gobierno Nacional de amparar los abusos e incluso de incitarlos mediante las políticas implementadas, decidí elevar un pedido de Acceso a la Información Pública para evacuar mis dudas con el Instituto Nacional de Derechos Humanos a quienes agradezco por hacer posible este artículo puesto que llama la atención que en su Compendio de Resoluciones de 2012 a 2019 existan más de ochenta y cinco resoluciones referidas al Ministerio del Interior dentro de las cuales el Instituto establece en reiteradas ocasiones que la Gestión Bonomi no sólo había vulnerado derechos por el accionar de sus funcionarios sino que también se negaba a colaborar con la investigación de denuncias y que, cuando se colaboraba, o no se respetaban los plazos o simplemente las investigaciones eran llevadas a cabo por funcionarios a quienes no les correspondía hacerlo, llegando al ilógico de que los propios compañeros del denunciado debían determinar si éste era responsable o no, pero en comparación este es un asunto secundario ya que en dicho Compendio podemos encontrar operativos que no se ajustaban a derecho, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza e incluso severos casos de incumplimiento a la normativa nacional e internacional.

De estos casos apenas unos pocos llegaron a la prensa pero no es de extrañar que esto sea así cuando el Instituto de Derechos Humanos, sin importar la gravedad del asunto, apenas si les sugería a las autoridades el mejorar la educación de sus funcionarios para evitar futuros abusos, lo cual, a pesar de haberse implementado, no evitó que continuasen sucediendo ni que el Instituto respondiese de la misma forma por lo que a mi entender el problema de aquellos que actualmente se rasgan las vestiduras no es la brutalidad policial sino quienes se encuentran en el Gobierno, faltando de esta forma a la honestidad intelectual con la que dicen actuar así como también a la debida seriedad con la que un jerarca, un representante o cualquier dirigente debe proceder.

Siguiendo con esta línea de pensamiento así como con lo expresado en mi artículo anterior debe mencionarse que tanto los sindicatos como los movimientos sociales no quedan por fuera del asunto puesto que a pesar de existir resoluciones que reconocen que en marchas, manifestaciones o concentraciones se vulneraron los derechos de los concurrentes, los mismos callaron una buena parte de los hechos además de respaldar públicamente las decisiones de la administración anterior e incitar el odio contra la Policía Nacional en lo que pareciese una incansable búsqueda de que un idiota útil cometa un error que les permita lamentarlo para luego capitalizarlo.

Hasta la próxima

Tec. Facundo O. Ordeig