MeLoDijeron, y preferí callar

Durante las últimas semanas se han dado a conocer miles de testimonios de víctimas de acoso sexual en ámbitos públicos como Facultad de Medicina, Facultad de Derecho, varios liceos e incluso el Poder Judicial pero esto en si mismo no debería sorprendernos debido a que la Encuesta Habitar Urbano dió a conocer en 2019 que en Montevideo y en la zona metropolitana un 86.3% de las mujeres habían sufrido situaciones de acoso, lo que si debe sorprendernos es la impunidad con la que actuaron, lo que debe sorprendernos e incluso indignarnos es cómo siendo un secreto a voces pudo pasar desapercibido no sólo para los controles gubernamentales sino también para las principales organizaciones feministas que, casualmente, se vinculan con la fuerza política que gobernaba cuando buena parte de los casos sucedieron pero aunque no me adentraré en esta cuestión debido a la gravedad de los distintos hechos denunciados cada quien puede sacar su conclusión. Ha quedado claro que cualquiera puede lamentarse o alzar la voz pero no cualquiera puede generar los cambios.

De la responsabilidad compartida

En un primer momento se puede pensar que la responsabilidad de estos hechos es en exclusiva de los denunciados pero debemos comprender que las conductas abusivas pudieron continuar en el tiempo gracias a la omisión o a la complicidad de terceros, por esta razón es que como sociedad debemos exigir que se realicen las investigaciones correspondientes y que, caiga quien caiga, se asuman las responsabilidades de estos hechos puesto que aquí no sólo se atentó contra la seguridad sino contra la dignidad e integridad de un gran número de mujeres y adolescentes, pero esto no debe ser entendido como una cacería de brujas puesto que cuando las mismas suceden pagan justos por pecadores, esto debe ser entendido como lo que es en verdad, la búsqueda de un justo castigo para que a largo plazo se pueda reducir la problemática. Ni más, ni menos.

De la actuación gubernamental

De momento se ha dado a conocer que el Directorio del INAU ha comenzado a revisar los controles para detectar qué fue lo que falló, que Fiscalía habilitó la línea 091 507 531 para recoger la máxima cantidad de denuncias posibles y que el Intendente Di Candia suspendió el concurso del carnaval de las promesas además de exigirle la renuncia al murguista Fabricio Speranza, integrante de su sector político quien fue acusado por Varones Carnaval. Estas primeras actuaciones son una buena señal de lo que puede suceder en los próximos meses, pero a pesar de esto considero que desde la Universidad de la República no ha habido una respuesta acorde a los hechos puesto que el Rector Arim pareciese no comprender que, si los protocolos de actuación no han surtido efecto hasta ahora, las denunciantes no van a confiar en ellos ¿no?

Hasta la próxima

Tec. Facundo O. Ordeig